Artículo de opinión de Francesc Cárdenas, ex - jefe de planificación de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, y Emilio Fernández, catedrático de Ecología de la Universidad de Vigo
El modelo de movilidad en nuestras ciudades, es decir, la calidad del espacio público, la accesibilidad a los servicios y equipamientos, la existencia de un transporte público eficiente, la calidad del aire, etc. debería ser, y frecuentemente es, objeto prioritario de los gobiernos locales. En los últimos años se han producido avances de cara a la consecución de ciudades más habitables en prácticamente todo el planeta. Estos avances no han sido siempre pacíficos, sino que se han encontrado con barreras y resistencias y, según algunos actores sociales, no han tenido la ambición suficiente y han procedido con demasiada lentitud. No obstante, se ha avanzado. Lo evidencian infinidad de experiencias desarrolladas en ciudades de tipología muy variada que demuestran que devolver el espacio público al ser humano en detrimento del uso de este espacio por el vehículo privado genera condiciones favorables para la interacción social y para el desarrollo de una gran diversidad de actividades, y, lejos de perjudicar la actividad comercial la impulsa y la consolida.
Sin embargo, desde hace unos meses los medios de comunicación informan de iniciativas que caminan en sentido opuesto. Algunas ciudades españolas han comenzado a eliminar carriles bici. Otras, entre ellas algunas ciudades del Eixo Atlántico, devuelven al vehículo privado espacios que ya habían sido conquistados por la ciudadanía; algunas cuestionan, retrasan o incluso se resisten a la implantación de zonas de bajas emisiones. Este proceso involutivo no ha sido ajeno a la ideología de los equipos de gobierno, sino que impulsarlo es una opción prioritaria para aquellas opciones políticas de ultraderecha e incluso para opciones conservadoras que, bien por competencia con aquellas o quizás por convicción propia, abanderan esta involución incluso con pasión.
La mayoría de estos responsables políticos no desconocen, pero ignoran, las evidencias científicas que relacionan de forma inequívoca la priorización del vehículo privado en los sistema urbanos con una deficiente calidad del aire, y ésta con un deterioro de los indicadores de salud humana. Por el contrario, es muy reducido el número de estos responsables políticos que han aprendido que la restricción del uso de vehículos en las ciudades y su transformación en espacios impregnados por la naturaleza, mejoran de forma significativa la salud mental, e incluso las capacidades cognitivas de las personas que habitan en esas urbes.
Quienes se oponen al progreso en lo relativo a una movilidad más sostenible, no sienten la necesidad de contrastar sus propuestas con el conocimiento científico y técnico disponible, que es mucho y de gran calidad. Su inquietud intelectual queda saciada con la elaboración y defensa de argumentarios básicos que les permiten oponerse a las acciones ejecutadas por sus antecesores, abocando a sus ciudades a realidades que ya debieran estar superadas. Desandan, de esta manera, el difícil y tortuoso camino que ha desembocado en las ciudades que disfrutamos hoy en día, sistemas urbanos de gran calidad a pesar de los muchos retos que aún restan por solucionar. Sólo la nostalgia interesada o la sinrazón recalcitrante puede conducir a una comparación favorable de nuestras ciudades de la segunda mitad del siglo XX con respecto a las actuales.
Los grandes desafíos ambientales de escala global que afectan a nuestra sociedad, como el cambio climático, la gestión del agua, la pérdida de biodiversidad, la alteración de los usos del territorio o la sostenibilidad de las ciudades, no debieran formar parte de la disputa política partidista si lo que se pretende es afrontarlos con eficacia. No se concibe una política ambiental exitosa que no emerja del consenso, de visiones compartidas a medio y largo plazo, y se sustente en el conocimiento científico consolidado que, transmitido por personas expertas en sus disciplinas, contribuyan al análisis afinado de los escenarios, adviertan de los riesgos y propongan soluciones sensatas. Las visiones cortoplacistas, que desprecian el saber acumulado a lo largo de décadas de trabajo y simplifican realidades muy complejas, conducirán, sin duda, a un retroceso muy importante de la calidad de vida en los sistemas urbanos.
Esta necesidad y bondad del consenso se ha entendido muy bien en algunas ciudades gobernadas por partidos de ideologías claramente diferentes. Se ha logrado cuando las personas que ostentaban cargos de responsabilidad decidieron gobernar desde la razón y no desde los argumentarios antes citados, y pensaron más en su ciudad que en la obtención de rédito a corto plazo que no siempre se traduce en éxitos electorales. Los ejemplos son múltiples. Las evidentes buenas prácticas implementadas en Vitoria-Gasteiz, que la llevaron a su reconocimiento como Green Capital en 2012 por, entre otras cosas, su modelo de movilidad, fueron impulsadas por un gobierno conservador que decidió no deshacer el camino iniciado por equipos anteriores, al igual que no lo han hecho sus sucesores en el gobierno local. En el caso de Barcelona, un gobierno progresista impulsó el modelo urbano de las “supermanzanas”, del cual es referencia internacional, y elaboró su ambicioso Plan de Movilidad, pero fue otro equipo de gobierno el que lo implementó. En ambos casos, la alternancia política no supuso un freno en el desarrollo de su estrategia de desarrollo urbano.
Desafortunadamente, también podemos referir comportamientos que discurren en un sentido opuesto. Casos en los que los significativos avances en la movilidad sostenible experimentados por algunas ciudades y villas del Eixo Atlántico en los últimos años han retrocedido en pocos días a situaciones que parecen extraídas de documentales filmados en blanco y negro. Estas ciudades no serán nombradas en este artículo, pero tanto sus habitantes como sus dirigentes se reconocerán en estas líneas.
No es el momento, ni es inteligente, dar ahora un paso atrás en las políticas de movilidad sostenible. No es cierto que “volver a poner los coches en la calle” sea un clamor popular, por mucho que algún reciente, poco ilustrado pero disciplinado representante político ha llegado a proclamar. Los efectos del aire contaminado, de los accidentes de tráfico, de la ciudad hostil, no distinguen entre personas en función de su ideología.
Todavía queda mucho por hacer hasta conseguir que el diseño de las ciudades y sus entornos metropolitanos aseguren la accesibilidad universal, reduzcan desigualdades entre áreas urbanas, se doten de sistemas de transporte verdaderamente sostenibles, o alcancen niveles de calidad ambiental satisfactorios. Pero dar ahora pasos atrás en los avances que se han conseguido en las últimas décadas no sólo no está justificado, sino que en el contexto ambiental actual, es suicida. El proceso hacia una movilidad segura, saludable, sostenible, equitativa e inteligente no puede detenerse y menos aún dar marcha atrás.
Cualquier persona que haya tenido la oportunidad de conocer ciudades de diferentes continentes, con seguridad concluirá que nuestras ciudades son excelentes para cumplir su función esencial, que es contribuir al bienestar de sus habitantes. Son ciudades en las que aún quedan muchos problemas serios por solucionar, por supuesto, pero conservan un patrimonio del que no disponen ciudades de otras latitudes: su espacio público. Destruir este patrimonio y, con ello, contribuir a la degradación del ya maltrecho medio ambiente del que dependen nuestras vidas, no es ni sensato ni aceptable.